Recién hace unos dias el presidente había anunciado que dejaríamos de usar tapa bocas y celebramos la felicidad compartida del fin de la pandemia. Después de dos años de restricciones, encierros periódicos, cierre de negocios, despidos, problemas financieros y demás sucesos que han llevado al límite de la resistencia la salud mental y emocional de todo un pueblo, nos vemos obligados de nuevo por el terror, a permanecer presos en la aparente seguridad que nos brindan las cuatro paredes y la puerta que conforma nuestra casa, como refugio al azote de la violencia y el miedo.
Verme inmerso en esta dinámica donde los grupos al margen de la ley tienen el poder de paralizar todo un departamento no es fácil de asimilar. Me empuja a cuestionarme sobre el papel que ha desempeñado el estado y en los años que llevamos repitiendo los mismos sucesos.
No quiero minimizar la problemática y salpicar con culpas a los mandatarios de turno, quienes a todas luces los supera el problema. Sin embargo, son los entes territoriales quienes a demás de garantizar la seguridad de los ciudadanos, deben promover acciones que permitan que nuestra sociedad se transforme, abriendo espacios para que las nuevas generaciones, niños, niñas y jóvenes se integren a la vida adulta de manera digna, respetuosa y responsable, con educación y garantías de igualdad para desarrollar sus planes de vida alejados de los grupos delincuenciales.
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