El asesinato de la lider social Jesusita Moreno Mosquera, de 60 años, adentro de una vivienda del barrio La Floresta, en Cali, tiene conmocionada a la comunidad.
De acuerdo con el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel William Quintero, el caso se registró este 7 de junio.
En la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz informaron: “Su voz contundente por la exigencia al respeto a la vida y al territorio de sus comunidades le generó señalamientos, amenazas y estigmas en su contra. Ella era, en sí misma, la voz que propició acuerdos humanitarios para lograr el respeto de las Fuerzas Militares, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la guerrilla del Eln”.
La defensora de los derechos humanos, de acuerdo con la Comisión Intereclesial, habría sido una mujer guerrera por su gente. Salvó cientos de vidas de comunidades por su rol comunitario.
Le decían ‘Doña Tuta’ de cariño y era parte de la comunidad Noanamá, en Itsmina, en Chocó. Allí propició distintos acuerdos con pobladores.
Las autoridades también confirmaron que la señora Jesusita Moreno no se encuentra registrada en el Sistema Integral de Derechos Humanos (Sideh).
Por el momento, este terrible suceso es materia de investigación. “La institución policial ha dispuesto todas sus capacidades de inteligencia e Investigación Judicial para el esclarecimiento de este hecho y la captura de los responsables”, concluyó Quintero Salazar.
De otro lado, el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), al conocer el asesinato de la líder social también conocida como Doña Tuta, se pronunció para rechazar el crimen e informó que la institución ya había emitido una advertencia por la vida de la líder en meses pasados.
“Era una reconocida lideresa y defensora de derechos humanos de comunidades negras e indígenas. Hacía parte de la comunidad Noanamá, ubicada en Istmina, territorio que hace parte del Consejo Comunitario General del San Juan en el departamento del Chocó, donde propició distintos acuerdos humanitarios por el respeto de la vida”, detalló la organización por medio de un comunicado.
Según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la lideresa recibió en múltiples ocasiones amenazas y fue víctima de atentados, así como de montajes judiciales por su rol comunitario.
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