La entidad criticó que las inundaciones no cuenten con una solución definitiva y solamente sean contenidas con sacos y madera.
La Defensoría del Pueblo lamentó que las advertencias ante los nuevos desbordamientos en el río Sinú en Córdoba no fueran acatadas a tiempo y recordó a las autoridades locales que existe un pacto de cumplimiento emitido desde el Tribunal Administrativo de Córdoba, por lo que se recomendó que se atienda debidamente el riesgo y se evite la vulneración de derechos de los damnificados.
El pronunciamiento realizado desde el ministerio público fue motivado por las nuevas inundaciones ocurridas recientemente en la subregión del Bajo Sinú cordobés.
“Lamentamos que las advertencias y llamados que hemos realizado desde el primer semestre del año no hayan sido acatados. Tal es el caso de Lorica, que tiene puntos críticos en los corregimientos de Cotocá Arriba, Palo de Agua y Nariño, y donde se han roto varias bocas del río. Preocupa aún más que la presencia de las autoridades ha sido poca y que se haya pretendido mitigar el riesgo con sacos y arena, cuando a la fecha existe un pacto de cumplimiento dentro de la acción popular No. 2002-00354 del Tribunal Administrativo de Córdoba”, indicó la entidad.
Con base en los censos preliminares, en Córdoba han resultado afectadas más de 13.500 personas, por causa de los desbordamientos ocurridos en la cuenca del río Sinú y el río San Jorge.
“A través de la Regional Córdoba hacemos seguimiento y acompañamiento a las comunidades que se encuentran asentadas en la ribera del río Sinú, río San Jorge, y demás zonas que se encuentran en riesgo de inundación en esta región del país. También se han realizado visitan a los puntos críticos, en atención a la alerta emitida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, y se realizaron los respectivos requerimientos a las alcaldías municipales y a Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres”, indicó.
Desde la Defensoría se agregó que “advertimos y conminamos nuevamente a las autoridades correspondientes a adelantar con urgencia las acciones de mitigación de la emergencia humanitaria, en clave de que no se vulneren los derechos de las comunidades y se atienda debidamente el riesgo”.
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