Homicidio agravado, detención ilegal y ocultamiento de pruebas fueron las faltas en las que habría incurrido el exoficial.
Tras un minucioso relato realizado por parte de la Delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, se logró entregar las pruebas de los hechos que vinculan al coronel (r) Bejamín Darío Núñez Jaramillo, de 42 años, con el asesinato de tres jóvenes en Chochó, Sucre.
Durante la audiencia de imputación de cargos, el indiciado aceptó los cargos por el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo; privación ilegal de la libertad, y ocultamiento de pruebas.
Los elementos materiales probatorios presentados por el ente acusador fueron apoyados con los testimonios de los otros policías que se encuentran vinculados al proceso y que ya fueron privados de la libertad.
“Usted disparó a corta distancia contra la víctimas en un comportamiento contrario a la labor constitucional que se esperaba de usted. Solo pretendía tomar venganza a mano propia por el señalamiento a estos jóvenes como responsable del asesinato de un patrullero”, narró el fiscal del caso, sobre el proceder de quien para la fecha de los hechos, 25 de julio, fungía como Comandante Operativo de la Policía de Sucre.
Agregó que “gastó al menos 7 cartuchos y luego los repuso para torpedear la investigación para eludir su responsabilidad por la muerte de los tres jóvenes que usted retuvo sin una previa orden de captura”.
Se estableció que el Coronel (r) sabía que ese comportamiento era ilícito y era consciente de que no había disposición para su detención.
“Sabía que reponer la munición y no reportar al armarillo estaba afectando a la justicia. Todo el tiempo estuvo en plena capacidad para decidir y lo que realizaba con ese ocultamiento de pruebas era contrario a la ley”, el vocero del ente acusador.
Se estima que el oficial se aprovechó de la situación de indefensión de las víctimas, que se encontraban en un vehículo oficial de la Policía y rodeados por otros uniformados, atados y golpeados, para dispararles a sangre fría.
“Estas condiciones en las que se encontraban las víctimas fue aprovechada para dispar en contra de su humanidad, lo que aumentaría la pena pero eso sería evaluado en otro espacio distinto a esta audiencia”, indicó.
Los hechos por lo que es procesado el Coronel se registraron el 25 de julio, en momentos en que los uniformados realizaban un plan candado para dar con los responsables del homicidio de un patrullero en el marco del plan pistola.
Inicialmente las víctimas, identificadas como Carlos Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo Contreras, fueron retenidos como sospechosos del asesinato del policía y posteriormente asesinados en el platón de una de las camionetas de la Policía.
Piden imputar más delitos
Los representantes de las familias afectadas solicitaron que al Coronel (r) también se le imputara el delito de tortura teniendo en cuenta que los peritos forenses lograron establecer que los cadáveres presentaban múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo.
Para los representantes de víctimas la imputación fue muy tímida por parte de la Fiscalía porque, según sus consideraciones, se le debía procesar además por fraude procesal, falsedad ideológica en documento público e incluso falso testimonio.
Así las cosas, se debería reformular la imputación realizada por parte de la Fiscalía.
Defensa hizo reparos
Entre tanto, la defensa del coronel (r) Bejamín Jaramillo consideró que se estaba tratando de inflar la imputación.
“Si la Fiscalía imputó tres delitos es porque contaban con las pruebas para demostrarlos, pero no se puede basar esta diligencia en observaciones sin elementos materiales probatorios”, indicó el representante del exoficial.
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