La Gobernación de Córdoba y ocho alcaldías siguen sin acatar un fallo de tutela que obliga a suministrar alimentos a personas privadas de la libertad.
La mayoría de los centros transitorios de reclusión y establecimientos carcelarios como La Amarilla de Lorica, Córdoba, padecen de hacinamiento y hambre situación que afecta a las personas privadas de la libertad.
En Montería, se sigue advirtiendo que los centros transitorios de reclusión como el Centro de Protección a Personas y la Unidad de Reacción Inmediata (URI), sobrepasan su capacidad ante la falta de convenio entre el municipio de Montería y la cárcel Las Mercedes, esto limita el traslado inmediato de las personas en calidad de imputadas o acusadas por investigaciones penales.
“Es bastante complejo porque estos lugares tienen su capacidad al tope, lo que buscamos con el convenio con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), es comenzar a apoyarnos con la cárcel Las Mercedes y aquellas personas que están sindicadas puedan ser trasladas a este lugar una vez se establezca el convenio con el Inpec”, sostuvo el secretario de Gobierno de Montería, Óscar Ospitia.
De acuerdo con el funcionario, dicho convenio estaría siendo objeto de estudio en el Concejo de Montería en el marco de las sesiones extraordinarias que adelantan los 19 cabildantes de esta ciudad.
Cabe recordar que, el Centro de Protección a Personas tendría una capacidad para 60 personas y hoy albergaría a más de 80 privados de la libertad. Mientras, en la URI hay una capacidad para 16 personas y el hacinamiento superaría el 200%.
En medio de este complejo panorama, se conoce la crisis que se sigue presentando en la cárcel La Amarilla del municipio de Lorica, donde los internos no reciben alimentos y el penal tampoco cuenta con un director, pese a que existe un fallo de tutela le ordena a la Gobernación de Córdoba y a ocho alcaldes de este departamento a cumplir con estas obligaciones. Dicho fallo se conoció en octubre del año 2022.
“Nos encontramos en las afueras de la cárcel La Amarilla del Bajo Sinú, donde todavía se encuentran situaciones que no se han podido arreglar como es la comida y la deuda con los guardianes. Se dice que se giran los recursos, pero no se sabe quién hace de intermediario, pero no se sabe qué pasa si la plata la giran. Por esto, se está advirtiendo de un paro en la cárcel La Amarilla, si no hay solución”, dijo Dioneth Corena, líder comunal de Lorica.
Las autoridades de los municipios de Lorica, San Antero, Momil, Purísima, Cotorra, Chimá, Moñitos y San Bernardo del Viento, aún no se han pronunciado.
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