El ministro Iván Velásquez explicó que la ley 2272 solo cobija a privados de la libertad que pertenezcan a grupos criminales.
Luego de que el Gobierno anunciara los siete primeros voceros de paz, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dio sus impresiones sobre esta propuesta y, de paso, cerró la puerta a que los policías capturados durante las manifestaciones del Paro Nacional recobren su libertad.
De esta manera, Velásquez negó una iniciativa que fue apoyada por algunos miembros de la bancada del Gobierno, entre ellos el senador Gustavo Bolívar.
“Lo primero que hicimos para la aplicación de esta disposición de la ley 2272 fueron los requisitos que se preveían para seleccionar voceros de paz. Uno de los requisitos que está expresamente enunciado en el texto es que se trate de personas privadas de la libertad que pertenezcan a organizaciones sociales, comunitarias o humanitarias. Esta sola definición, por este solo requisito, se excluía a miembros de fuerza pública”, explicó el ministro en diálogo con Blu Radio.
Por otro lado, Velásquez explicó que lo que sí se está estudiando es la forma de encontrar una norma jurídica que permita encontrarles solución a los uniformados detenidos.
“No quisiera comprometerme con una respuesta en un tema que precisamente es motivo de discusión y evaluación por parte de los miembros de la comisión, lo que puedo decir es que estamos en esa actividad, con esa voluntad de buscar instrumentos jurídicos”, señaló.
Cabe recordar que el senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, solicitó el pasado jueves al presidente Gustavo Petro que los policías detenidos también hicieran parte de la lista de gestores de paz.
“Con equilibrio avanzamos más. Esos policías fueron adoctrinados en el odio contra la juventud. Ese atenuante juega en su favor”, concluyó.
El Gobierno aseguró que los “voceros de paz” no tienen nada que ver con otro programa que este miércoles anunció Gustavo Petro, que busca alejar a 100.000 jóvenes que, por su situación de vulnerabilidad, están en riesgo de caer en la criminalidad, especialmente en zonas de conflicto y de presencia de grupos armados ilegales.
Son “dos programas distintos”, matizaron este viernes los ministros, ya que este segundo es “un ambicioso programa de inclusión social, de reconciliación que está dirigido a 100.000 jóvenes que no tienen ningún proceso penal en contra de ellos”.
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