Serán para construir vías terciarias. Aún no es claro cómo se financiará ese y otros millonarios proyectos.
Sin especificar de dónde sacará esos recursos y cómo evitará la corrupción de tantos destinatarios, el presidente Gustavo Petro anunció que le entregaría alrededor de dos billones de pesos a las Juntas de Acción Comunal para que sean ellas mismas quienes prioricen y contraten la construcción de las vías terciarias del país.
La noticia, lanzada por el jefe de Estado ante una multitud de campesinos y líderes sociales de Boyacá, se constituye como uno más de los millonarios proyectos que ha anunciado este Gobierno en pleno año electoral.
Como este, la Casa de Nariño prometió bonos de $500.000 “para todos los adultos mayores que no tienen pensión”, pagos de un salario mínimo para más de 5.000 jóvenes que serían designados como gestores de paz, y hasta predios como manera de compensación para los más de 700 damnificados tras el derrumbe en Rosas, Cauca, que taponó la vía Panamericana.
En principio, los proyectos suenan bien para esos sectores de la sociedad que necesitan inversión del Estado y que reclaman recursos, pero pronto llegan las dudas de cómo hará el Gobierno para financiar la ostentosa chequera en blanco que lleva Petro a sus eventos para prometer proyectos.
Además del factor dinero, los críticos del Gobierno le cuestionan también la manera en que ha dado esos anuncios: rodeado de multitudes afines al petrismo y a escasos meses de las elecciones regionales en las que el Pacto Histórico buscará quedarse con la máxima cantidad de mandatarios en concejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones.
Para la muestra un botón, el evento de este jueves en el que el jefe de Estado anunció los dos billones de pesos para las JAC contó con la participación de 2.653 juntas, asociaciones y federaciones de carácter local, una gran horda de personas que -emocionadas por las promesas económicas del Gobierno- aplaudía cada par de frases del presidente.
Con el caso de los dos billones para las Juntas de Acción Comunal, por ejemplo, sería muy difícil para el Ejecutivo controlar esos centenares de contratos con pequeñas asociaciones municipales. Por un lado, varios de esos dineros podrían terminar en manos corruptas cuyo seguimiento sería aún más difícil que en el sector público, que es como se hace hoy.
Y, por el otro, los mandatarios locales y departamentales podrían usar esos contratos como una herramienta electoral para asegurar apoyos.
Por todo eso, integrantes de la oposición como el Centro Democrático han tachado las medidas de populistas y las han llegado a comparar con el programa del fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez, conocido como “Aló presidente”.
En dicha alocución presidencial, Chávez solía dirigirse a su país con multitudes que lo aplaudían y anunciaba millonarios proyectos para aumentar su popularidad en períodos de crisis.
A propósito de eso, el presidente lanzó un comentario que también generó suspicacia en sus opositores. Mientras proponía proyectos para la comunidad de Boyacá, Petro dijo que “el otro año seguiremos (con inversiones para el departamento), porque esto va para cuatro años, y ojalá para ocho”, con lo que algunos entendieron que quería quedarse en el poder.
Casi de inmediato, el jefe de Estado se percató de las miradas sorprendidas y añadió: “no me miren así, porque no estoy diciendo que sean 8 años conmigo. Estoy diciendo que habrá elecciones donde otra vez se dirimen las cartas y se escoge si nos devolvemos o si seguimos en el camino de las reformas y del cambio en la sociedad con los candidatos y candidatas que se vayan a escoger”.
Comunicación: otro punto débil
Pero esos anuncios aparentemente improvisados no han sido el único problema de comunicación del Gobierno. Estos seis meses de mandato ha transcurrido entre comunicaciones imprecisas, peleas internas y desacuerdos entre el gabinete y el jefe de Estado.
Con temas tan delicados como el aumento del precio del dólar, la suspensión de contratos de exploración petrolera y la reforma a la salud, Petro y sus ministros se han contradicho entre sí en repetidas ocasiones.
Los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo, y de Minas y Energía, Irene Vélez, han sido dos de los funcionarios que más han discrepado en comunicados públicos relacionados con la suspensión de contratos de exploración de petróleo y gas, pero ese mismo caso se repite también con sus ministros de Educación y Salud.
Por ahora, el país está atento a la adición presupuestal que solicitará el Ministerio de Hacienda para que el Congreso añada 20 billones de pesos al presupuesto general de la Nación que quedó pactado en 405,6 billones de pesos el año pasado. Si eso ocurre, Petro tendría más margen para pagar sus promesas, pero también más presión en otros sectores claves para su Gobierno.
EL COLOMBIANO
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