Zulema Jattin prendió el ventilador y salpicó a Uribe

Dentro de la confesión que hizo la exsenadora de la República Zulema Jattin ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se conoció que ella aceptó tener alianzas con paramilitares y también nombró dentro de su declaración al expresidente Álvaro Uribe.

Jattin dijo que visitó a Álvaro Uribe cuando era candidato presidencial en 2002 para comentarle su preocupación por el accionar de los “paras” en Córdoba, que prohibían candidatos, ante lo cual Uribe le respondió que si no tenía pruebas, se abstuviera de denunciarlo.

Del mismo modo, La W reveló que en la declaración de la excongresista, ella recordó sobre sus encuentros con Álvaro Uribe: “Orientó mi conversación a que si yo no tenía una prueba diferente a mi testimonio o a los testimonios de mi hermano o de William Salleg (colaborador de los “paras”), que no iba a corroborar nada lo que yo dijese en ese momento, pues era preferible que no pusiera la denuncia, y eso era más que una advertencia, digamos, era una sugerencia respetuosa, pero a la que yo en ese momento le iba a hacer total caso”.

Según la declaración de Jattin, Uribe no habría visto convenientes las denuncias para no generar “ruido”, ya que tenía serias posibilidades de ganar y era apoyado por el establecimiento en Córdoba, y por candidatos como Eleonora Pineda y Miguel Alfonso de la Espriella, quienes fueron condenados más adelante por sus vínculos con el paramilitarismo.

“Yo le hablé a él específicamente de la doctora Eleonora Pineda y del doctor Miguel de la Espriella, porque Salvatore Mancuso me había dicho que ellos eran sus candidatos (…) creo que a él le interesaba que ellos lo acompañaran, le interesaba que todo ese andamiaje político, ya que lo estaba acompañando en Córdoba, se mantuviera, y si yo me ponía a hacer ruido o a denunciarlo o a hacer público (…) pues ese ruido iba a afectar la campaña presidencial”, expresó Jattin.

De igual modo, recordó otro encuentro en 2004, en la finca de Alfredo Corena, con presencia del presidente Uribe, donde algunos bandos políticos se acusaron de tener vínculos con paramilitares y ante esta situación el exmandatario guardó silencio.

En otra parte de su declaración la exsenadora sentenció que, ante la grave situación de cooptación paramilitar en el departamento, buscó denunciar los hechos ante el gobierno del ya presidente Uribe, pero no le hicieron caso y desatendieron sus reclamos.

“Al exministro del Interior Sabas Pretelt en varias ocasiones le dijimos lo que estaba pasando, al comisionado Luis Carlos Restrepo, en numerosas ocasiones. Al fiscal Alfonso Iguarán, que en ese momento era viceministro, y a veces estaba con el ministro Sabas, pero la verdad es que había un caso omiso completamente en el Gobierno Nacional”. señaló Jattin.
Aliada con Mancuso

Jattin aceptó que se alió con los ‘paras’ de Salvatore Mancuso, en conjunto con otros congresistas, como Julio Manzur, en el llamado Pacto de Sindicato para apoyar la candidatura a la Gobernación de Córdoba del excandidato y contratista Juan Carlos Aldana, en 2003.

Igualmente, la excongresista nombró a políticos que, según ella, participaron de acuerdos criminales locales en Córdoba con los paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas al mando de Freddy Rendón ‘El Alemán’ y que nunca fueron tocados por la justicia.

Del mismo modo contó que en el Pacto de Granada se cuadraron entre Mancuso y los políticos los tres periodos siguientes de alcaldes en Tierralta (los tres ya condenados), así como dos periodos en el municipio de Valencia (una, la del parapolítico, según Jattin, Mario Prada Cobos).

Jattin también aportó información sobre la penetración del paramilitarismo en la Universidad símbolo de Córdoba y varias EPS e instituciones médicas, que de acuerdo con lo que conoció, terminaron entregadas a las Autodefensas, particularmente de Salvatore Mancuso.
La situación jurídica de la exsenadora

En octubre de 2022, la JEP tumbó la medida de aseguramiento en casa que pesaba en contra de la excongresista del partido de La U luego de que, en 2017, fuera acusada por presuntamente asociarse con paramilitares en Córdoba para crecer en la política, a cambio de poner su función pública al servicio de los criminales.

La senadora se comprometió a contar la verdad del conflicto y eso le permitió obtener el beneficio de la libertad transitoria.

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