La Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla – Atlántico y Bogotá, por petición de fiscales de la Dirección de Justicia Transicional, impusieron medidas cautelares sobre cuatro inmuebles rurales que estarían relacionados con el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; y ocho predios rurales vinculados con Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco.
- Sobresale la finca Matuzalén, ubicada en Sabanas de San Ángel – Magdalena, predio avaluado en 10.292 millones de pesos, habría sido utilizado como centro de reuniones del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC. De acuerdo con los elementos de prueba, la propiedad estaría vinculada a Leónidas Duque Hurtado, uno de los señalados hombres de confianza de alias Jorge 40.
- Los otros tres inmuebles corresponden a las fincas El Joropo, El Prado y la Pechichona, localizadas en Sabanas de San Ángel (Magdalena) y en Valledupar (Cesar), cuyo avalúo supera los 15.127 millones de pesos.
En este caso, la Fiscalía evidenció que los activos están a nombre de una empresa y de la esposa de alias Jorge 40, quien sería la representante legal.
Bienes alias Macaco
- Corresponden a ocho lotes ubicados en la vereda Las Cruces de Filandia – Quindío, los cuales tienen una extensión de 152 hectáreas y están avaluados en más de 12.171 millones de pesos.
Estos bienes fueron identificados gracias a las labores investigativas de persecución realizadas por el Grupo de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional y estarían vinculados con terceros y una empresa con nexos con Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, excabecilla del Bloque Central Bolívar de las AUC, quien fue excluido del proceso especial de Justicia y Paz.
La Fiscalía ha identificado patrones comunes usados con el fin de ocultar las propiedades de alias Macaco, como transacciones, testaferros y la constitución de fiducias para esconder la negociación, los dineros y la titularidad de los predios.
Los bienes afectados con medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo serán entregados por parte de la Fiscalía General de la Nación al Fondo para la Reparación a las Víctimas para su administración.
En tres años y medio, se han decretado por parte de la Magistratura medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, sobre 1.299 bienes, avaluados en $1’251.534’845.936, lo que representa un incremento del 209%, respecto del avalúo de los bienes con medida cautelar decretada durante el periodo 2006 – 2019.
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