La Procuraduría ha iniciado una investigación disciplinaria contra el canciller Álvaro Leyva y el secretario general José Antonio Salazar. La investigación se centra en presuntas irregularidades en la suspensión del proceso de licitación para la expedición de pasaportes.
La Sala Disciplinaria de Instrucción ha señalado que la decisión de los funcionarios de declarar desierto el proceso de licitación público podría constituir una falta disciplinaria. Según la Procuraduría, el canciller Leyva Durán y el secretario Salazar Ramírez podrían haber vulnerado los principios de transparencia, economía y responsabilidad, que son fundamentales en la contratación estatal.
Como parte de su actuación disciplinaria, la Procuraduría ha solicitado la práctica de pruebas para determinar la conducta de los funcionarios y definir si actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad. Este caso subraya la importancia del cumplimiento riguroso de los procedimientos en los procesos de licitación pública.
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