Más de 780.000 niños menores de 5 años se encuentran actualmente sin acceso a los servicios que anteriormente brindaba el ICBF

La Contraloría expresó su preocupación por los retrasos significativos en el proceso de contratación que está llevando a cabo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la atención de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI).

Más de 780.000 niños menores de 5 años se encuentran actualmente sin acceso a los servicios que anteriormente brindaba el ICBF, lo que representa un grave problema para una de las poblaciones más vulnerables de Colombia.

La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría ha anunciado un seguimiento especial a este proceso de contratación, identificando que el mismo no cumple con los principios de planeación y responsabilidad que deben regir en la contratación estatal. Este seguimiento se hace ante el serio retraso que se evidencia en la atención de casi 785.905 niños de 0 a 5 años.

El proceso de contratación, identificado como CV-PC-008-2023SEN, inició el 28 de diciembre de 2023 con el objetivo de atender a los niños en 1.326 zonas en todo el territorio nacional, con un presupuesto asignado de $3.033.038.286.259 y una duración de 330 días. Sin embargo, hasta la fecha, se han presentado numerosas reclamaciones, denuncias y recursos que han demorado el proceso.

Aunque se han recibido 1.417 ofertas y se publicaron los primeros informes de evaluación en febrero de 2024, aproximadamente 690 reclamaciones y denuncias, algunas de ellas con implicaciones penales, han retrasado aún más el proceso. Los seleccionados deben suscribir los contratos en un plazo de tres días posteriores a la publicación del informe de elegibilidad, lo que debería haber ocurrido los días 21, 22 y 23 de febrero de 2024.

Sin embargo, diversas etapas necesarias previas a la firma de los contratos, como la expedición de certificados de disponibilidad presupuestal, la comunicación a los oferentes sobre las zonas adjudicadas y la elaboración de contratos, han prolongado aún más el proceso. Esto implica que el tiempo efectivo de contratación podría ser inferior a los 330 días originalmente planificados, lo que representa un perjuicio para la población beneficiaria.