Sálome López habría sido presionada y hostigada por parte de directivos de la IPS donde realizaba el rural.
La estudiante de medicina Salomé López realizaba su año de rural en Uribia, municipio de La Guajira. Todo marchaba bien para ella, pero dice que desde diciembre las cosas cambiaron pues vendría siendo víctima de acoso laboral y presiones sistemáticas por parte de algunas personas en la IPSI Kottushi Sao Ana´a (cuya representante legal es Carmen Cotes), que habrían puesto trabas para que obtenga su tarjeta profesional.
López cuenta que solicitó en noviembre un permiso no remunerado para poder viajar a un congreso de medicina que tendría una duración de poco más de una semana (entre el 26 de diciembre y el 5 de enero). Sin embargo, en pleno congreso fue contactada por el esposo de la representante legal de la IPSI, Juan Palmezano, quien le habría dicho que al volver del congreso no acudiera al sitio de trabajo, sino que fuese directamente a la sede administrativa porque se suspendería su contrato, alegando que había abandonado el cargo y sería sancionada por parte de la Secretaria de Salud.
López afirma que nunca tuvo contacto con la representante legal de la IPSI Kottushi Sao Ana´a, sino con Palmezano, quien le dijo que la esperaría el 9 de enero en la oficina de la IPSI para conversar. López afirma que en dicha reunión recibió comentarios subidos de tono, sin darle respuesta respecto a la situación de su empleo. Palmezano le habría dicho que debía esperar para ver qué sucedería con ella ‘de forma sarcástica y burlesca’.
Luego de once días, Salomé fue reintegrada mientras esperaba que se resolviera la solicitud de exoneración por caso fortuito, consumado en el acoso del que habría estado siendo víctima, asegura esta. López dice que se enfermó y tuvo que ser hospitalizada, por lo que no pudo asistir al sitio de trabajo; sin embargo, presentó la excusa médica.
Con base a la ausencia de Salomé, desde la IPSI habrían enviado personas a la casa donde estaba hospedada a constatar si efectivamente estaba ahí. “Con esto vulneraron mi domicilio. Me sentí perseguida y por eso solicité explicaciones. Palmezano dijo que en el contrato laboral estaba estipulado que en cualquier momento el empleador podía entrar a mi casa”, señaló.
Paralelo a esto, se le abrió un proceso disciplinario a López. Esta asevera que no le habrían informado los cargos ni los hechos por los cuales sería sancionada, además del surgimiento de presuntas irregularidades en medio de la diligencia de descargos en el proceso disciplinario, donde “la IPSI solo permitió en ingreso de forma virtual” de su abogado.
El Universal tuvo acceso a la grabación de la audiencia de descargos, a la cual no asistió la representante legal, sino Palmezano, quien fue consultado acerca de cuál era su cargo en la entidad y decidió no responder, se exaltó y salió de la reunión.
“Yo solicité a la institución que me entregaran un certificado laboral y no me lo quieren dar. Me deben mi liquidación. Me liquidaron por un $1.800.000, cuando me tenían que liquidar por mucho más que eso. También presionan a mis compañeras para que me convenzan de guardar silencio”, afirmó López a este periódico.
Ante toda la situación, la mujer y su abogado presentaron peticiones a diversas entidades como la Personería Distrital de Riohacha, Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud de La Guajira (que es la entidad que supervisa el rural) para solicitar la exoneración del servicio social obligatorio y que la liberaran de tener que continuar dentro de ese ambiente debido que se sentía agobiada por lo que venía sucediendo allí; sin embargo, la solicitud fue rechazada.
La estudiante está a la expectativa de que la Secretaría de Salud resuelva el recurso contra la decisión que se tomó respecto a su solicitud de exoneración.
El abogado de la estudiante, Uriel Peréz, manifestó: “En este caso hay unos serios componentes de violencia de género, en la medida en que este misterioso personaje que usurpa las funciones del representante legal de la entidad acosó e intimidó a la doctora Salomé”.
Pérez hace énfasis en que Palmezano habría estado usurpando las funciones de su esposa y actuando como si fuese el empleador en todo momento, a ojos de los trabajadores de la IPSI y de terceros. Dice que Carmen Cortes es quien aparece en el certificado de existencia y representación legal y quien debía estar presente en medio del proceso disciplinario.
Pérez hizo referencia también a presuntas omisiones por parte de las entidades territoriales, y afirmó: “Llama poderosamente la atención que la secretaria de Salud conoce de primera mano la situación y ha guardado un silencio cómplice. Algún vestigio de autoridad debe existir en este municipio de La Guajira que permita el restablecimiento de los derechos violentados. Claramente las acciones judiciales darán sus frutos, de eso estamos seguros, pero ojalá sean oportunos”. Puede interesarle: Casi listo: así va el desmonte de los peajes de Manga y Ceballos
Desde El Universal intentamos contactar con Carmen Cotes y Juan Palmezano en múltiples oportunidades para escuchar su versión; sin embargo, no hubo respuesta.
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