La Contraloría Departamental de Córdoba encontró un detrimento superior a los 3 mil 300 millones de pesos en el Hospital Sandiego de Cereté, durante la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud y ordenó el embargo de un bien inmueble a nombre de Sandra Milena Jaramillo Ayala, en su calidad de agente interventora del centro asistencial. La decisión hace parte de un proceso de responsabilidad fiscal con el que se busca resarcir el patrimonio público que resultó lesionado.
Señala el organismo de control que durante la auditoría realizada al Hospital Sandiego de Cereté se hallaron presuntas irregularidades evidenciadas en varias de sus dependencias, calificando los hechos como una conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizaron la gestión fiscal en esa entidad.
Además de la acción contra el inmueble de propiedad de Sandra Milena Jaramillo Ayala, la Contraloría Departamental de Córdoba de igual manera, decidió embargar preventivamente el salario devengado por la investigada, quien hoy es funcionaria interventora de Famisanar EPS.
No es la primera vez que el ente de control toma una decisión sancionatoria en contra de interventores de los hospitales en territorio cordobés.
En abril pasado corrió la misma suerte Rubén Darío Trejos Castrillón, quien ejerció como agente interventor del Hospital San Jerónimo de Montería, donde la Contraloría estableció un posible detrimento cercano a los 600 millones de pesos. Este tipo de decisiones solo ratifican que las intervenciones que la Superintendencia Nacional de Salud hizo sobre los dos hospitales más importantes del departamento fueron un fracaso.
Con Información de Meridiano de Córdoba
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