El dispositivo contenía datos cruciales sobre los distintos implicados en el caso de corrupción descubierto en la Unidad de Gestión del Riesgo.
En las últimas horas, a través de varios medios de comunicación nacionales, se difundió la noticia de la presunta desaparición de información importante respecto al caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que se encontraba guardada en el teléfono celular del exdirector de la entidad, Olmedo López. De acuerdo con lo que se conoció, entre otras cosas, en el dispositivo se encontraban datos cruciales sobre los distintos implicados en el entramado.
Entre los archivos que desaparecieron, según reveló el abogado del exfuncionario en diálogo con medios nacionales, habían chats, imágenes, notas y más.
Ahora bien, de acuerdo con el defensor, afortunadamente la información no pudo ser eliminada en su totalidad, pues la Fiscalía alcanzó a sacar una copia del celular en la que quedaron guardadas varias evidencias cruciales para el caso. Entre estas, las conversaciones de Olmedo López con el ministro Luis Fernando Velasco, el exministro Ricardo Bonilla, y otras con varios contratistas y congresistas como Sandra Ortiz.
El intento de eliminar todo rastro de estos registros ha sido considerado por las autoridades especialmente grave, debido a que, según precisó el abogado, los chats que se encontraban en el celular del exfuncionario formaban parte de la evidencia probatoria del caso de corrupción hallado en la Ungrd. Por fortuna, dichas conversaciones también ya habían sido entregadas como pruebas a la Fiscalía.
Finalmente, se supo que el ente investigador ya se encuentra llevando a cabo las respectivas labores para determinar cómo desapareció la información del dispositivo y quién es el responsable de ello. La defensa presume que se habría tratado de una persona externa al caso, que habría “tomado control del teléfono de Olmedo López” y “borrado voluntariamente toda la información de su celular”.
Según las autoridades, todos estos hechos podrían implicar “ocultamiento de pruebas” y “alteración de evidencia”, por lo cual la Fiscalí continuará investigando los hechos.
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