Denuncian presuntos vínculos de Fabio Amín Saleme y David Barguil, con Agro Ingreso Seguro

El programa fue diseñado e implementado en el 2007 por el entonces Ministerio de Agricultura, al mando de Andrés Felipe Arias, bajo la presidencia de Álvaro Uribe.

Recientemente el abogado Eduardo Padilla Hernández veedor ciudadano hizo algunas denuncias que han sacudido el panorama político en Córdoba al revelar presuntos vínculos entre los políticos Fabio Amín Saleme y David Barguil con el controvertido programa Agro Ingreso Seguro (AIS), implementado durante la administración de Álvaro Uribe Vélez.

Según el abogado, tanto Amín como Barguil, quienes se desempeñaron en la Comisión Primera y Tercera del Senado, respectivamente, podrían estar involucrados en prácticas irregulares relacionadas con el programa de subsidios agropecuarios. Agro Ingreso Seguro, creado para proporcionar créditos con bajas tasas de interés a agricultores, se vio envuelto en un escándalo de corrupción que llevó a su sustitución por el programa Desarrollo Rural con Equidad (DRE).

En el corregimiento de La Doctrina y otras zonas rurales del municipio de Lorica, Eduardo Padilla Hernán asegura que algunos residentes han denunciado que Amín y Barguil estarían actualmente presionando a campesinos y propietarios de fincas para recuperar dinero que, según afirman, se les debe por conceptos asociados al programa Agro Ingreso Seguro. Se menciona que estas presiones incluyen el cobro de hasta mil millones de pesos, con presuntos documentos firmados que comprometerían estos actos.

“La información que llega a mí oficina, por ser un veedor ciudadano, es que tienen fastidiados y acosados por casi mil millones de pesos que les debe gente de la comunidad que ellos subsidiaron con dineros de Agro Ingreso Seguro (AIS)”, sostuvo el abogado.

Incluso existen presuntos documentos firmados que comprometen el cumplimiento de esos negocios de corrupción.

Ante la situación la comunidad local en medio de su molestia pide una investigación a fondo, pidiendo la intervención de la veeduría y del sistema judicial para esclarecer estas acusaciones. En este contexto, se ha instado a los políticos implicados a participar en un debate público para explicar su rol y accionar durante la implementación del programa.

El escándalo de Agro Ingreso Seguro no es nuevo; la Procuraduría General de la Nación ya había encontrado serias irregularidades en el manejo del programa, incluyendo contratación irregular y corrupción, que beneficiaron indebidamente a ciertos terratenientes, entre ellos figuras de la élite social y económica.

Actualmente, la Línea Especial de Crédito (LEC) reemplaza a Agro Ingreso Seguro, ofreciendo condiciones similares pero con una mayor supervisión y control por parte de la banca oficial y privada. Sin embargo, la sombra del antiguo programa persiste, y las denuncias de presuntas irregularidades continúan manchando la reputación de figuras políticas como Amín y Barguil.

Los habitantes de La Doctrina han expresado su preocupación y temor, sugiriendo que la falta de denuncias formales podría estar relacionada con posibles represalias o presiones. La comunidad clama por justicia y transparencia en el manejo de los recursos públicos y en las prácticas de quienes ocupan cargos de poder.

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