El gobierno de Gustavo Petro presentó un polémico borrador de decreto que busca legalizar los cultivos de coca en Colombia, justificando su regulación para fines científicos y medicinales. La iniciativa, impulsada por los ministerios de Justicia, Salud y Agricultura, ha desatado un intenso debate sobre su constitucionalidad y las posibles repercusiones para el país.
El borrador de decreto plantea que el Estado colombiano adquiera hoja de coca directamente de los agricultores, con el objetivo de regular el mercado y brindar alternativas económicas a los campesinos en regiones históricamente afectadas por el narcotráfico. La propuesta pretende transformar la política de drogas del país, dejando atrás el modelo de erradicación forzada, que ha sido criticado por su impacto negativo en las comunidades rurales y su limitada efectividad en la reducción de cultivos ilícitos.
En un evento reciente en Bogotá, durante la firma del ‘Pacto por la Democratización del Crédito Solidario’, el presidente Petro defendió la medida, señalando que ofrecerá alternativas legales y sostenibles para los campesinos, al tiempo que se desarrollan proyectos productivos en las zonas más vulnerables del país. «No se trata de legalizar sin más, sino de ofrecer una opción económica viable para quienes han sido marginados por décadas», afirmó el mandatario.
El proyecto no ha estado exento de críticas. Una de las principales preocupaciones es que la compra estatal de hoja de coca podría beneficiar indirectamente a organizaciones criminales como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc, que ejercen control sobre varias de las zonas de cultivo. Esto ha generado inquietud entre diversos sectores políticos y sociales.
El senador David Luna expresó sus dudas sobre la legalidad de la medida, argumentando que solo el Congreso tiene la facultad de legislar en materia de política de drogas. «Este decreto, de ser aprobado, vulneraría la Constitución, ya que el Ejecutivo no puede tomar decisiones de esta envergadura sin la aprobación del Legislativo», señaló Luna, quien advirtió sobre las posibles implicaciones legales y de seguridad que podría conllevar la implementación de esta iniciativa.
Por su parte, el presidente Petro ha subrayado que el enfoque del decreto es reducir el daño y ofrecer una salida legal a los agricultores que dependen del cultivo de coca para su subsistencia. El gobierno sostiene que, en lugar de seguir con políticas punitivas que no han logrado disminuir significativamente los cultivos, es necesario explorar alternativas que promuevan la paz y el desarrollo en las regiones afectadas.
«Nuestro objetivo es transitar hacia una economía más justa y sostenible. La compra estatal de coca es solo un primer paso para ayudar a los campesinos a salir del ciclo de ilegalidad, mientras se construyen proyectos productivos a largo plazo», explicó Petro, defendiendo la propuesta como parte de su plan de «paz total».
El decreto se encuentra en fase de borrador y deberá ser revisado exhaustivamente antes de su posible aprobación. Se anticipa que enfrentará desafíos tanto en el ámbito judicial como en el político, especialmente en lo que respecta a su constitucionalidad y a los mecanismos de implementación que podría requerir.
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