El departamento de Chocó atraviesa una de sus peores crisis humanitarias del año, enfrentando un paro armado declarado por la guerrilla del ELN en medio de una devastadora ola invernal que ha dejado a miles de familias afectadas. La situación se ha vuelto crítica para las comunidades ribereñas de los ríos San Juan, Sipí y Cajón, donde alrededor de 45 mil personas han sido obligadas a confinarse o desplazarse por la violencia y las inundaciones.
El paro armado, que comenzó el pasado 9 de noviembre y es el tercero en lo que va del año, ha exacerbado las condiciones de vulnerabilidad de la población chocoana. Las constantes retaliaciones entre el ELN y la Fuerza Pública han dejado a las comunidades en medio del fuego cruzado, forzándolas a refugiarse en sus hogares o a huir hacia zonas más seguras, intensificando el temor y la incertidumbre en la región.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se pronunció ante la gravedad de los hechos y lamentó profundamente la situación. «El tema de Chocó, sobre todo, es muy grave. A mí, francamente, me duele mucho lo que está pasando. Son más de 40 mil familias; al Gobierno le duele profundamente la situación en Chocó», expresó Cristo en diálogo con los medios. Además, criticó duramente la decisión del ELN de llevar a cabo el paro armado en medio de las conversaciones de paz, calificándola de «francamente inaudita e inaceptable». Según el ministro, esta acción demuestra una desconexión evidente de la guerrilla con las necesidades del pueblo colombiano, que sufre las consecuencias de la violencia mientras enfrenta los embates del invierno.
Las intensas lluvias han provocado el desbordamiento de ríos, inundando cultivos, viviendas y vías, lo que ha dejado a muchas localidades incomunicadas y sin acceso a recursos básicos. Las cifras oficiales indican que más de 40 mil familias se encuentran en situación crítica debido a las inundaciones. La población afectada no solo debe lidiar con la falta de alimentos, agua potable y medicinas, sino también con el temor constante de quedar atrapada en medio de los enfrentamientos armados.
Organismos de ayuda humanitaria y las autoridades locales han solicitado la intervención inmediata del Gobierno nacional para atender la emergencia. Sin embargo, la magnitud de la crisis y las condiciones de inseguridad en la región han dificultado la llegada de asistencia y recursos. El Gobierno ha manifestado su intención de redoblar los esfuerzos para apoyar a las comunidades afectadas y buscar soluciones urgentes, tanto para la situación de orden público como para los estragos causados por el invierno.
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