Petro niega contratos a cambio de favores sexuales tras el video de Deicy Jiménez
El expresidente Gustavo Petro rompió el silencio la noche del miércoles 4 de noviembre, horas después de que Deicy Alejandra Jiménez difundiera en redes un video íntimo en el que aparece junto a él, en medio de su denuncia por presuntos favores sexuales a cambio de contratos con entidades del Estado.
En un mensaje publicado en X, Petro negó haber utilizado contratación pública para obtener favores personales y defendió a las mujeres que hicieron parte de su Gobierno. “Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme”, escribió.
El exmandatario cuestionó la circulación del material: dijo que no ha sido examinado por peritos ni valorado por un juez, y que aún no se conoce con certeza de cuándo es ni de dónde proviene. Insistió en que, a su juicio, la grabación no muestra por sí sola un contrato, un pago ni una decisión de gobierno.
Petro afirmó que cumplirá la reserva ordenada por el magistrado del caso y que responderá ante los jueces, no con otro video. También pidió a las autoridades proteger a la testigo y a quienes intervienen en el proceso, y criticó a quienes reproducen imágenes de la vida íntima para alimentar la disputa política.
La abogada de Jiménez, Dina Luz Malo Andrade, confirmó la existencia del video y anunció que el material sería puesto a disposición de las autoridades el 5 de noviembre para incorporarlo a la investigación. Jiménez ha sostenido que existieron acuerdos con entidades oficiales por un valor cercano a los 100 millones de pesos, según reportes judiciales.
El abogado de Petro, Alejandro Carranza, coincidió en que un fragmento sin fecha, lugar ni origen verificado no constituye prueba por sí solo y que autenticidad, integridad y contexto deben establecerse en el expediente. En el mismo frente político, el expresidente aprovechó el mensaje para anunciar demanda contra la ley de sometimiento sancionada por el Gobierno, al considerar que rebaja penas a narcotraficantes.
El episodio mantiene abierta la tensión entre la denuncia de Jiménez, la difusión del video y la defensa jurídica del expresidente, con el debate instalado otra vez en el centro de la agenda nacional.
