Procuraduría cierra caso contra Karen Mejía: no encontró pruebas y archivó definitivamente la investigación
La exdirectora de la AUNAP quedó libre de responsabilidad disciplinaria luego de que la Procuraduría concluyera que los señalamientos en su contra no fueron probados dentro del proceso relacionado con el polémico convenio de las embarcaciones para pescadores.
La Procuraduría General de la Nación ordenó el archivo definitivo de la investigación disciplinaria que se adelantaba contra Karen Elena Mejía Piñérez, al concluir que el cargo formulado en su contra no logró ser probado durante el proceso.
La decisión representa un giro significativo en uno de los casos que más atención generó en torno al denominado escándalo de los “botes fantasma”, relacionado con un convenio interadministrativo cercano a los 15.000 millones de pesos para la entrega de 283 embarcaciones a pescadores artesanales.
Según la providencia, el Ministerio Público declaró desvirtuado el cargo que había sido formulado contra Mejía Piñérez cuando ejercía como directora general de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), poniendo fin a la actuación disciplinaria a su favor.
La investigación se originó tras las denuncias sobre posibles irregularidades en la ejecución del convenio suscrito con la Asociación Red Summa, en el que se desembolsó un anticipo superior a los 7.000 millones de pesos. Estos hechos provocaron una fuerte controversia pública y derivaron en la apertura de procesos disciplinarios.
Karen Mejía, profesional en acuicultura egresada de la Universidad de Córdoba, fue declarada insubsistente en abril de 2025, en medio de la oleada de cuestionamientos y publicaciones periodísticas sobre el caso. Sin embargo, tras el análisis de las pruebas recaudadas, la Procuraduría consideró que no existían elementos suficientes para sostener el cargo.
La decisión ha generado reacciones entre sectores cercanos a la exfuncionaria, quienes aseguran que durante el proceso se produjo una fuerte afectación a su imagen pública. De hecho, algunas voces sostienen que las denuncias y el cubrimiento mediático derivaron en un “linchamiento público” que hoy contrasta con el archivo definitivo del expediente.
