El abogado penalista Aníbal Garay Ávila, representante de víctimas en el caso de la masacre del corregimiento de Chochó, ha anunciado que le solicitará a la Policía que no deje a los uniformados en sus servicios en Sincelejo para evitar controversias.
Garay Ávila le atribuyó al Inpec la libertad por vencimiento de términos que este lunes 28 de agosto benefició a los otros policías implicados en el caso. Según Garay Ávila, el Inpec, en concreto en la cárcel La Picota, en Bogotá, nunca tenía conexión de internet para que los patrulleros que estaban presos allí pudieran conectarse a las audiencias.
“Ese siempre fue el problema. Cuando había audiencia decían que no tenían conexión y esa fue la estrategia que utilizaron hoy que ni siquiera en la audiencia de libertad los conectaron y todo eso los benefició”, dijo Garay Ávila.
Agregó que esta libertad condicional que beneficia desde hoy a los patrulleros y a una subteniente de la Policía implicados en la muerte de los jóvenes Jesús David Díaz Monterroza, José Carlos Arévalo Contreras y Carlos Alberto Ibáñez Mercado, no lo sorprende y ya él se lo había hecho saber al fiscal del caso, pero no prestaron la debida atención.
“En su momento le dije al fiscal: doctor necesito que se ponga la camiseta en esto y envíe, si es el caso a un grupo a La Picota para que los puedan conectar, pero nada, eso no ocurrió”.
Garay deja en claro que no se opone a que estén libres los uniformados porque “siendo coherente así opera la ley y en Colombia el sistema está tan colapsado que las libertades por vencimiento de términos están a la orden del día”.
Le envía un mensaje a los familiares de las víctimas y es que el proceso contra los 10 uniformados va a continuar “y hay que avanzarlo con contundencia sin importar si se conectan o no porque la ley permite que se hagan las audiencias sin la presencia de ellos”, puntualizó el abogado Aníbal Garay Ávila.
Se el primero en dejar un comentario