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Una dramática situación esta pasando el departamento de Córdoba con el paro armado del clan del golfo que tiene en estado de alarma a miles de familias que, en más de 35 municipios, se encontraron de frente con la amenaza de estos delincuentes. La violencia de los narcotraficantes se extendió al departamento de Córdoba y al municipio de Tierralta. El reporte es desgarrador.
Los habitantes de este municipio advierten la barbarie que están enfrentando. En menos de 24 horas, reportan la quema de vehículos, establecimientos y un ataque armado contra la población civil. Son los mismos habitantes los que hablan de dos personas muertas a manos del Clan del Golfo.
El descaro de los delincuentes es tal que hasta “decretaron” un toque de queda para toda la comunidad. Son ellos, los integrantes del Clan del Golfo, los que dicen cuándo las personas pueden ir a comprar víveres y hasta que hora pueden estar en la calle. Dicen los habitantes que el grupo criminal dejó como plazo las seis de la tarde de este sábado. Solo hasta esa hora será posible salir a abastecerse, en adelante deberán permanecer encerrados en sus casas.
Advierten los habitantes que hace apenas unas horas hubo consejo de seguridad con las autoridades civiles y militares, se anticiparon algunas medidas, se le dijo a los ciudadanos que podrían estar tranquilos y ahora, insisten, la situación está peor. Los delincuentes son los que tienen el control.
Lo que se vive es complicado, de acuerdo con un supuesto comunicado de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el mismo grupo criminal y narcotraficante del Clan del Golfo. En ese documento,firmado por lo que consideran el Estado Mayor, advierten de las restricciones al comercio.
“Con el fin de disminuir el impacto sobre la población civil durante el tiempo que dure el paro que estamos adelantando en protesta por la extradición del comandante Otoniel, los supermercados y tiendas de víveres podrán abrir durante seis horas, entre las 12 del día y las seis de la tarde”, señala el supuesto comunicado de los delincuentes.
Aseguran en ese documento, que una vez transcurridas las seis horas, los establecimientos deberán cerrar hasta una nueva orden. Se trata de una amenaza directa, una intimidación flagrante al Estado de Derecho que, irónicamente, dicen proteger, pero que en resumen es una venganza por la extradición del narco alias Otoniel.
“Una vez transcurridos las seis horas los supermercados y tiendas de barrio deben cerrar los locales en donde funcionan, le solicitamos ser estrictos con los horarios para que no haya ningún tipo de consecuencia”, señala el documento.
De forma increíble y descarada, los delincuentes en su comunicado piden a la población un poco de “compresión” por la difícil situación que se vive. Advierten que es culpa del Gobierno y la “intransigencia” de extraditar a Otoniel, cabecilla de ese grupo criminal.
“Le rogamos a la sociedad en general, comprensión con estas medidas extremas que hemos debido tomar debido a la intransigencia del Gobierno nacional, que privilegia sus intereses personales y politiqueros sin pensar en las consecuencias”, finaliza el escrito.
El Gobierno, por su parte, anticipó una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos por los cabecillas y herederos criminales de alias Otoniel, además de 50 millones por los responsables de generar caos en la población, como en el caso de Tierralta, Córdoba.
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