La respuesta del grupo, que también se denomina como AGC, se da horas después de que el presidente aseguró que estaba dispuesto a analizar una fórmula para su sometimiento a la justicia, pero con condiciones.
A través de un comunicado, el Clan del Golfo, también llamado AGC, dijo que acepta la invitación del presidente para sentarse a negociar hecha el lunes desde Apartadó, Antioquia.
En el texto, el grupo criminal se autodenomina como ‘Ejército Gaitanista de Colombia’ (EGC) y dice que está dispuesto a esa negociación. “El presidente Petro en una alocución en el municipio de Apartadó expresó que el balón estaba en poder de lo que él denomina “Clan del Golfo”, que inferimos se refiere al EGC, para una posible negociación”, afirma.
Y agrega: “A pesar de que desconoce nuestra identidad, al denominarnos de otra forma, nos permitimos comunicar que aceptamos la invitación hecha por el señor Presidente, en el sentido de sentarnos a negociar las condiciones políticas que permitan las transformaciones sociales que todos queremos para las regiones en donde hacemos presencia”, dice el comunicado.
Justamente sobre su denominación, Petro dijo: “A ellos no les gusta que les llamen Clan del Golfo, sino gaitanistas, pero es que Gaitán era un revolucionario, está mal usado el nombre, Gaitán no era un traqueto; hay mucha distancia entre traquetear y ser una gaitanista, un gaitanista es un hombre al servicio del pueblo, de los pobres, de los necesitados, no es el que comercia con cocaína y con inmigrantes”.
Las declaraciones del mandatario se dieron el lunes antes de la jornada de Gobierno con el Pueblo desde el Caribe, desde donde aseguró que le planteará a la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, los caminos para un “acogimiento a la justicia” del Clan del Golfo.
Petro dijo que la condición principal de ese diálogo es que el grupo armado las economías ilícitas, como el tráfico de cocaína y el de migrantes por el tapón del Darién. “Se puede negociar, pero previamente esa organización tiene que entender que no se hace para duplicar el narcotráfico, sino para acabarlo”.
A ese punto, el grupo respondió: “Lo que sí debemos anotar es que las economías ilícitas existen en las regiones mucho antes de que fuéramos una realidad como organización. No las hemos creado, cosa distinta es que se cancelen unos recursos en lo que se ha llamado el ‘impuesto al gramaje’ en el caso de la coca”.
El presidente @petrogustavo invitó a NEGOCIAR al Ejército Gaitanista de Colombia, por primera vez en 19 meses cambió su postura de solo “dialogar”, la negociación es un reconocimiento político duélale a quien le duela. Pese a señalarlos de traqueteos, responsables de la… pic.twitter.com/HoTgKPETZz
— Ricardo Giraldo Abogados (@RicardoGiraldo_) March 19, 2024
Sobre el tema del control que hace el grupo sobre los migrantes que pasan por el tapón del Darién, el grupo criminal afirmó que “no tenían el poder” de crear las condiciones para ese flujo migratorio y negó su relación con lo que denominó un “nefasto tráfico que se aprovecha de los sueños de migrantes de muchas nacionalidades, para explotarlos y a menudo abandonarlos a su suerte”.
Por último, el comunicado dice que están prestos a acudir a donde se les indique “a través de las personas que hemos designado de tiempo atrás para tal fin”.
La propuesta de Petro y la aceptación del grupo parece darle un giro a la ofensiva que anunció hace poco menos de un mes.
“El viejo paramilitarismo se reencaucha en el nuevo, con apoyos en Antioquia y Córdoba. La orden dada por el gobierno es clara: destruirlo”, aseguró Petro el pasado 26 de febrero, a través de su cuenta de X (antes Twitter).
Días antes de esa publicación, ante la arremetida violenta del Clan contra integrantes de las Fuerzas Militares, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, afirmó que continuará la persecución a ese grupo ilegal y recordó que se pueden retomar los bombardeos (a excepción de los casos en los que hay menores de edad en la zona)
El propio Petro ya le había dado un ultimátum a esa organización ilegal, tras la muerte de cuatro militares en Antioquia: “Si no son capaces de desmantelar sus grupos, serán destruidos por el Estado”.
Estatus político, un tema determinante para destrabar los diálogos
El proceso con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo), que no solo es la organización con más personas en armas y mayor presencia territorial, sino la que tiene más potencial de expandirse, está paralizado hace casi un año.
Desde el inicio del gobierno Petro se han desarrollado fases exploratorias, pero no han avanzado por dificultades de comunicación y la ausencia de claridades frente al marco jurídico de los diálogos. En diciembre de 2022, Petro anunció un cese al fuego bilateral con cinco grupos armados, entre ellos el Clan del Golfo, que se suspendió con esa estructura en marzo de 2023, tras un ataque con fusil a agentes de policía. Desde entonces se retiraron las resoluciones de los facilitadores del proceso y los acercamientos se fueron diluyendo.
“Las AGC tienen disposición total de conversar, pero si el Gobierno no lo desea, seguirán en sus actividades. La única condición es que se hable de un proceso de paz y no de un sometimiento, y que se respete el nombre de la organización”, asegura Ricardo Giraldo, vocero de las Autodefensas Gaitanistas (o Clan del Golfo) en una reciente entrevista con Colombia+20.
Uno de los principales retos para continuar con estos diálogos de paz es precisamente ese: que tanto el Clan del Golfo como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) ponen como condición que el Gobierno les conceda estatus político, como ya ocurrió con la guerrilla del ELN y el EMC.
Se trata de una discusión que marca por completo el rumbo de cada proceso, pues define, entre otros puntos, si el Gobierno inicia un proceso de paz con cada organización o crea un sistema de incentivos para que se someta a la justicia.
De hecho, en el caso del sometimiento, la Corte Constitucional ordenó que sea el Congreso el que defina en qué condiciones se llevaría a cabo. Aunque el alto tribunal dejó en claro que eso aplica para las llamadas estructuras criminales de alto impacto, no hizo calificación sobre qué grupos entrarían allí, lo que deja al estatus político como un tema determinante.
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