“Colombia no es una dictadura”: Petro dice que Procuraduría no puede inhabilitar a Dau

El presidente Petro arremetió contra la Procuraduría tras inhabilitar por nueve años al exalcalde de Cartagena, William Dau, por irregularidades con pruebas para el Covid.

Tras conocerse la destitución e inhabilidad que hizo la Procuraduría por nueve años al exalcalde de Cartagena, William Dau, salió al paso el presidente de la República, Gustavo Petro, quien a través de sus redes sociales negó esta decisión.

“La procuraduría no puede inhabilitar a William Dau, necesitamos justicia. Colombia no es una dictadura, vamos a la construcción de una democracia real con estado social de derecho pleno”, escribió Petro en su cuenta de X, antiguo Twitter.

La reacción del mandatario nacional se da luego de que la Procuraduría emitiera la decisión por las irregularidades que presuntamente se habrían presentado en la adquisición de 10 mil pruebas rápidas para el diagnóstico de Covid-19.

El fallo del ente de control explica que se declara “responsable disciplinariamente a William Dau en su condición de alcalde de Cartagena 2020-2024, para la época de los hechos, por encontrarse probado y no desvirtuado y en consecuencia imponer sanción disciplinaria, consistente en destitución e inhabilidad general para ejercer función pública en cualquier cargo durante el término de 9 años”.

En el fallo también se halló como responsable disciplinario a su exdirector del Departamento Administrativo de Salud, José Fortich Rebollo, quien fue sancionado por la misma cantidad de tiempo con relación a los contratos que habrían presentado irregularidades en medio de la pandemia del COVID-19.

La investigación disciplinaria contra el exalcalde de Cartagena arrancó el 29 de abril de 2020, cuando inició una indagación preliminar contra los dos exfuncionarios por el contrato que firmaron para comprar 10 mil pruebas rápidas de diagnóstico de Covid-19 con la empresa Ventas, Distribución y Marketing LTDA, la cual aparentemente no tenía “la capacidad para ejecutar el objeto contractual”, según la Procuraduría.

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