Consejo de Estado faculta al CNE para investigar presuntas irregularidades en campaña de Petro

El Consejo de Estado declaró competente al Consejo Nacional Electoral para continuar la investigación administrativa por las presuntas irregularidades en la financiación de las campañas presidenciales de Gustavo Petro, en el año 2022.

El Consejo de Estado declaró al Consejo Nacional Electoral (CNE) como la autoridad competente para investigar y sancionar administrativamente las presuntas irregularidades en las campañas presidenciales de Gustavo Petro en 2022. Esta decisión resuelve el conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Según el fallo, el CNE tiene la facultad constitucional de inspeccionar, vigilar y controlar toda actividad electoral de partidos y candidatos. La Ley 996 de 2005 le otorga específicamente la competencia para investigar e imponer sanciones administrativas por incumplimientos al régimen de financiación de campañas presidenciales.

El Consejo de Estado aclaró que el fuero especial del presidente solo aplica para investigaciones penales y disciplinarias, no para procesos administrativos como este.

Por tanto, el CNE puede adelantar la investigación e imponer sanciones pecuniarias si proceden, pero no puede decretar la pérdida del cargo presidencial, facultad exclusiva del Congreso.

Esta decisión cobra relevancia considerando que en los últimos meses los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz del CNE presentaron una ponencia con formulación de cargos contra la campaña de Petro. El documento de más de 100 páginas contiene pruebas documentales y contables sobre presuntas violaciones a los topes de financiación del Pacto Histórico.

El fallo establece que el CNE deberá continuar la investigación administrativa sobre las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de las campañas de Petro en 2022. Podrá imponer multas y otras sanciones económicas, pero una eventual pérdida del cargo presidencial solo podría ser decidida por el Congreso mediante un juicio político independiente.

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