Este incremento se ha observado especialmente entre las poblaciones migrantes e indígenas, debido a barreras geográficas y lingüísticas que dificultan su acceso a servicios de salud en países como Brasil, Guatemala, Venezuela, Perú y Colombia.
A pesar de este aumento en infecciones, las muertes relacionadas con el sida disminuyeron un 28% desde 2010, con un total estimado de 30,000 muertes en 2023. Sin embargo, las muertes entre la población femenina aumentaron en Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Paraguay y Perú.
Onusida advierte que el estigma, la discriminación y el miedo a la deportación limitan el acceso a servicios de salud para los migrantes y desplazados venezolanos, que suman más de 6,5 millones en América Latina. Encuestas del Índice de Estigma 2.0 en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Perú revelan que alrededor del 15% de los encuestados enfrentaron estigmatización al buscar servicios relacionados con el VIH, y el 27% al intentar acceder a otros servicios sanitarios.
El informe señala que el 89% de las personas que viven con VIH en América Latina conocen su estado serológico, el 73% están en tratamiento y el 67% están suprimidos viralmente. No obstante, los programas de prevención del VIH no son eficaces en llegar a las poblaciones con mayor riesgo de infección, y la aceptación de opciones preventivas como la profilaxis preexposición (PPrE) sigue siendo baja. En 2023, solo 204,000 personas usaron la PPrE, muy por debajo del objetivo de 2,3 millones para 2025, lo que subraya la necesidad de fomentar la demanda y la participación comunitaria en la prestación de estos servicios.
La disponibilidad de recursos para responder al VIH en América Latina en 2023 fue de 3,000 millones de dólares, con una brecha del 21% para alcanzar el objetivo de 2025.
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