En la primera semana del mes de septiembre el gobierno Petro presentará ante el Congreso el proyecto de ley estatutaria con la que pretende regular el derecho fundamental a la educación.
A los ojos de Jairo Torres, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE) y rector de la Universidad de Córdoba, hay un cambio gigantesco, porque la educación pasaría de un servicio público a un derecho fundamental.
“Ese documento se dio a conocer el pasado 20 de julio. Fue sometido a la discusión, deliberación y a recibir aportes de cómo mejorar”, indicó el rector Torres Oviedo, en entrevista con GS Noticias.
Dijo que la socialización de la reforma a la educación será clave para que el proyecto pueda avanzar en el Congreso. Todos los actores deben ser tenidos en cuenta, precisó.
“Yo siempre he dicho que esto no es cualquier tipo de reforma. Y es que lo que pretende esta es corregir ese desequilibrio de profundas brechas sociales. Nos interesa que la sociedad no sea indiferente a un tema que es central”, expresó.
De acuerdo con el Gobierno, este proyecto de ley, el cual cuenta con 21 artículos, cubrirá todos los niveles de educación y todos los establecimientos educativos e instituciones de educación. En educación inicial, por ejemplo, el Estado deberá financiar, ofrecer y garantizar de forma progresiva el acceso a prejardín, jardín y transición. Para la educación básica, que comprende nueve grados, se consolidará la jornada única y el desarrollo integral por medio de las artes, la cultura, el deporte y la tecnología.
Uno de los grandes cambios será en la educación media, que comprende los grados 10° y 11°, pues como estrategia de articular la educación media con la superior, el Gobierno no descarta la idea de incluir el grado 12°. Y para la educación superior, se garantizarán los programas del nivel técnico profesional, tecnológico y profesional universitarios.
Además, este proyecto de ley contará con cuatro elementos esenciales: disponibilidad y asequibilidad; accesibilidad; aceptabilidad; y adaptabilidad. En el punto de disponibilidad y asequibilidad, explica el documento, busca que se garantice un adecuado cubrimiento del servicio educativo, el cual brinde las condiciones necesarias para el acceso y la permanencia. También establece que se cuente con infraestructura física y tecnológica adecuada.
Para la accesibilidad, el Gobierno plantea que la educación llegue a todas las personas de forma progresiva sin ningún tipo de discriminación y que se garantice “en una localización geográfica de acceso razonable o por medio de la tecnología”.
En el documento, en el artículo 11, queda establecido que el Estado deberá elaborar políticas públicas que garanticen el acceso y permanencia en todos los niveles de educación y que, para ello, deberá emplear diversas estrategias que permitan que todas las personas tengan igual de oportunidades de aprendizaje a lo largo de su vida. Además, tendrá que adoptar diferentes instrumentos que ayuden a financiar este derecho y que cubran las necesidades de la población.
En el siguiente enlace, el Ministerio de Educación dejó abierta la posibilidad que la sociedad revise y haga sus aportes al proyecto.
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