Desde 2017, Angie Daniela Ardila Gómez y su madre María Rubiela Gómez Colmenares, habrían defraudado a más de 1.500 residentes de Bogotá mediante un entramado criminal. Según la Fiscalía General de la Nación, las mujeres, una de ellas estudiante de derecho, idearon un método para obtener información de propietarios o poseedores de bienes inmuebles en Bogotá, especialmente en estratos 1, 2 y 3.
Las posibles víctimas eran personas con obligaciones pendientes con la administración distrital por concepto de impuesto predial. Angie Daniela Ardila habría reclutado personas de escasos recursos para repartir oficios falsos que notificaban a los ciudadanos sobre supuestos procesos administrativos en su contra.
Además de instarlos a suscribir acuerdos de pago, los amenazaban con perder sus bienes. Con este modus operandi lograron recaudar una cifra superior a los 2.000 millones de pesos. Las procesadas, al parecer, pagaban 600 pesos por cada oficio falso que entregaban.
También habrían contratado personal exclusivamente dedicado a atender las llamadas de los contribuyentes morosos interesados en poner al día sus obligaciones. De acuerdo con el ente acusador, el entrenamiento previo a las responsables de la ‘central telefónica’ hacía que las personas fueran convencidas de consignar determinadas sumas de dinero en cuentas bancarias o a través de empresas de giros.
Por estos hechos, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron diligencias de registro y allanamiento que permitieron que las dos mujeres fueran capturadas en un inmueble del barrio San Francisco en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad.
Durante la captura, además, se impusieron medidas cautelares sobre tres inmuebles y un vehículo, los cuales serán destinados para reparar a las víctimas. La Fiscalía imputó a las investigadas los delitos de concierto para delinquir con fines de estafa y enriquecimiento ilícito.
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