Los cuerpos fueron exhumados en 2005 y su identificación fue posible gracias a muestras biológicas tomadas a sus familiares por la Unidad de Búsqueda
Más de 20 años después de haber sido desaparecidos en hechos aislados, las familias de dos jóvenes de los municipios de San Onofre y Tolú, en Sucre, recibieron sus cuerpos de manera digna por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Fiscalía General de la Nación.
Uno de los jóvenes, Javier Enrique Mercado Berrío, tenía 22 años cuando desapareció en su natal San Onofre el 11 de marzo de 2002. Javier acababa de regresar de prestar su servicio militar y buscaba construir su proyecto de vida junto a su familia. Sin embargo, miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) lo desaparecieron y su cuerpo fue enterrado en la finca El Palmar. En 2005, la Fiscalía exhumó su cuerpo.
Durante la entrega del cuerpo de Javier, su familia lo despidió con canciones y otros actos simbólicos para dignificar su memoria. Posteriormente, se celebró una misa y fue enterrado en el cementerio central. La identificación de Javier fue posible gracias a un cotejo genético realizado con muestras de ADN tomadas por la UBPD.
Una historia similar se vivió en Tolú, donde el cuerpo de otro joven, de 30 años en el momento de su desaparición el 17 de septiembre de 1999, fue entregado a su familia de manera digna. La identidad de este joven se mantiene en reserva por solicitud de su familia. Su cuerpo también fue exhumado en 2005 por la Fiscalía y fue identificado gracias a muestras tomadas a sus parientes por la UBPD.
Blanca Arteaga Morales, coordinadora de la UBPD en Sucre y Bolívar, informó que en la zona del Golfo de Morrosquillo y Montes de María se busca a más de 1,500 personas desaparecidas a causa del conflicto armado. Alejandro Ramelli, magistrado de la JEP, señaló que la entidad tiene como expectativa seguir identificando y entregando cuerpos de personas desaparecidas en conjunto con otras instituciones del Estado.
En el marco de este caso, la JEP ha tomado medidas cautelares sobre cuatro sitios, incluyendo la finca El Palmar. Estas medidas, solicitadas por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), han permitido la entrega de 10 cuerpos en la región, según informó María del Pilar Silva, representante de Movice.
La comunidad espera que estos esfuerzos continúen y que más familias puedan recibir los restos de sus seres queridos desaparecidos, cerrando así un doloroso capítulo en sus vidas y dignificando la memoria de las víctimas del conflicto armado.
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