Los bienes ubicados en Montería tienen un valor cercano a los seis mil millones de peso y serán destinados a la reparación de las víctimas del conflicto.
El Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV), administrado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, adelanta la diligencia de recepción de tres bienes inmuebles en cumplimiento de una orden emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. Los bienes serán entregados por la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación.
Estos inmuebles pertenecían al postulado Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias “Monoleche”, y se encuentran ubicados en la zona occidental del río Sinú en Montería. Hacen parte del globo de terreno denominado “Támesis” el cual se encuentra conformado por los predios denominados “El Tambo” con un área aproximada de 164 hectáreas; “El Cábano”, de aproximadamente 164 hectáreas, y “Támesis” de aproximadamente 88 hectáreas. De estos bienes, en la casa principal, que posee un área aproximada de 4311 metros cuadrados, se realizaban eventos sociales.
De acuerdo con el estado de cuenta emitido por la Alcaldía Municipal de Montería, los tres bienes presentan un avalúo catastral equivalente a $5.895.932.000) y presentan una deuda por concepto de impuesto predial por $365.764.000.
Estos bienes estaban a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en el marco de un proceso de extinción de dominio, la cual tenía la responsabilidad de su administración y arrendamiento. La SAE deberá entregar el estado de administración y adelantar el saneamiento de los predios, con el fin de ser transferidos al FRV dentro de los 30 días siguientes a esta diligencia.
Lo anterior, en aras de establecer un sistema de administración que permita generar ingresos, que posteriormente, una vez se decrete la extinción del derecho de dominio de estos bienes, puedan ser monetizados para el pago de las indemnizaciones reconocidas a las víctimas del conflicto.
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A la diligencia de entrega asistieron funcionarios de la Fiscalía, del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el Gaula del Ejercito en Córdoba y funcionarios del Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV).
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