El objeto es eximir a los ciudadanos vulnerables del pago del pin universitario como derecho pecuniario de inscripción para el acceso a la educación superior pública.
Este proyecto le ahorra en promedio $100.000 pesos a las familias que semestre tras semestre invierten en la compra de un pin para dar inicio a un proceso de ingreso a la universidad.
Según el senador, Marcos Pineda, el precio de los pines universitarios impacta más del 20% del ingreso mensual de los hogares de escasos recursos donde, según el congresista, “no hay seguridad alimentaria y mucho menos como sufragar los costos adicionales que implica educarse en una universidad pública”.
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