Tras la solicitud de un grupo de fiscales de la Seccional Córdoba, diez personas fueron judicializadas por delitos relacionados por el paro armado desarrollado en el departamento.
En uno de los casos, Miguel Enrique Polo Castillo y Edward Suárez Benítez, fueron enviados a prisión por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y amenazas.
Según la Fiscalía, los dos indiciados, quienes no aceptaron el cargo que les imputó el ente investigador, presuntamente, fueron sorprendidos el 5 de mayo en curso en vía pública de Sahagún, cuando portaban un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con 6 cartuchos sin percutir y panfletos alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Por su parte, Cristian de Jesús Thevening Ferrer fue enviado a prisión luego de ser hallado en flagrancia, el 6 de mayo en curso en Montelíbano, con 20 panfletos alusivos al paro armado en los departamentos de Córdoba, Antioquia y Chocó. El imputado, a quien también se le incautó un celular, es conocido con el alias del ‘Menor’.
A su vez, en Montelíbano, se logró judicializar a Iván Darío Molina García, alias ‘Mario’ luego de ser hallado en flagrancia, el 6 de mayo, con seis cartuchos calibre 38 y panfletos alusivos al bloque ‘Juan de Dios Úsuga’. Deberá responder por los delitos de porte de armas de fuego y amenazas.
Por otra parte, el 7 de mayo fue capturado en Buenavista Jhan Carlos Palacio Caro por el delito de terrorismo. Según la Fiscalía, Palacio Caro fue sorprendido cuando se movilizaba con un bolso que contenía 10 comunicados supuestamente de las AGC.
En Lórica, Alexánder José Rojas Petro fue enviado a prisión por fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas. Rojas Petro fue detenido el 8 de mayo en Lorica luego que la comunidad denunciara que hombres en moto los intimidaban para cerrar sus negocios. Se le halló una granada y 7 panfletos con logotipo alusivo a las AGC.
Finalmente, Sebastián Andrés Argúmedo Madera y Leider Manuel Arteága Pérez fueron judicializados. El primero de ellos por porte de armas y amenazas. Artéaga Pérez por porte de armas y porte de estupefacientes. Argúmedo Madera además tenía una orden de captura vigente por concierto para delinquir con fines de homicidio y presuntamente sería sicario del Clan del Golfo.
Los operativos en los que fueron capturados los imputados se hicieron en un trabajo articulado con la Policía, la Armada y el Ejército Nacional.
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