La Contraloría ha puesto bajo escrutinio al Ministerio de Agricultura debido a una normativa sobre subsidios para vivienda rural que ha levantado preocupaciones sobre el uso de fondos públicos. La Resolución 490 del 20 de diciembre de 2023, firmada por la ministra, compromete la cifra de $50.653 millones del patrimonio público y ha sido objeto de críticas por parte del ente de control.
La Contraloría General de la República ha emitido una advertencia al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Banco Agrario y a la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural, señalando riesgos técnicos y económicos asociados a esta resolución. Se ha alertado sobre posibles violaciones a los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, lo que podría tener consecuencias negativas tanto para los beneficiarios del Programa de Vivienda de Interés Social Rural como para el erario público.
Se ha identificado un riesgo inminente relacionado con la aplicación de la Resolución, que podría llevar a la reasignación de subsidios destinados a beneficiarios que han sido reconocidos por el Estado y que tienen derecho a una vivienda digna. Además, se ha advertido sobre posibles atrasos en la ejecución del Programa de Vivienda de Interés Social Rural a nivel nacional.
La Contraloría ha expresado preocupación por un posible detrimento patrimonial derivado de la normativa, que contempla la posibilidad de reconocer desequilibrios económicos en contratos a cargo de las Gerencias Integrales priorizadas. Se ha señalado una presunta vulneración de la función administrativa al expedir un acto administrativo sin respaldo presupuestal adecuado, lo que podría resultar en una afectación al patrimonio público de $50.653 millones.
Además, se ha identificado un riesgo financiero relacionado con los desembolsos previstos en la Resolución, que podrían exceder los recursos disponibles y no considerar las circunstancias individuales de cada beneficiario. La Contraloría ha destacado la necesidad de garantizar un respaldo presupuestal y financiero sólido para cumplir con los compromisos establecidos en el programa de vivienda.
En resumen, la Contraloría ha advertido sobre posibles irregularidades en la asignación de subsidios de vivienda rural, que podrían tener implicaciones negativas tanto para los beneficiarios como para las finanzas públicas.
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