El coronel Benjamín Núñez tiene plazo hasta el próximo viernes, 25 de noviembre, para decidir si acepta o no el preacuerdo con la Fiscalía que le otorgaría una sentencia de 29 años de prisión por su presunta participación en el homicidio de tres jóvenes perpetrado en el corregimiento de Chochó, Sucre.
Han pasado cerca de cuatro meses desde que ocurrió aquel episodio. A principios de septiembre, el coronel Núñez se entregó a las autoridades competentes. El ente acusador lo presentó ante un juez de control de garantías, le imputó cargos y fue enviado a la cárcel de Picaleña, en Ibagué, como medida preventiva mientras avanza el proceso judicial. En ese momento advirtió que buscaría un acuerdo con la justicia.
El lunes, 21 de noviembre, se conoció el primer borrador de ese acuerdo que, de ser aceptado, le concedería a Núñez una pena de 256 meses de cárcel. Sin embargo, Aníbal Garay, abogado de dos de las familias que resultaron víctimas, se mostró en desacuerdo. Considera que, teniendo en cuenta la magnitud de los hechos, Benjamín Núñez tendría que recibir más años de prisión.
“Merece la pena máxima, 60 años, y si llegara a un preacuerdo nosotros pedíamos 40 años”, dijo el apoderado.
No obstante, la manera en cómo está construida la legislación penal colombiana, esgrime que este tipo de decisiones no pueden ser reversible.
“Lastimosamente la justicia penal, en cuanto al preacuerdo, no les da mucha participación a las víctimas. Nosotros somos intervinientes que alzamos nuestra voz de protesta para defender los derechos fundamentales, pero no es una camisa de fuerza para que el fiscal diga ‘le hacemos caso a las víctimas´. Pero sí Hacemos apreciaciones y procesos jurídicos”, explicó Garay.
En pocas palabras, el abogado dio a entender que de aprobarse el preacuerdo no hay marcha atrás. Las víctimas deberían aceptar la imposición, aunque tienen derecho de radicar denuncias y otro tipo de alegatos.
Núñez tendría que firmar lo acordado. Luego, un juez de conocimiento se encarga de verificar la legitimidad del acuerdo y finalmente emite la sentencia.
El acuerdo, según explicaron fuentes de la Fiscalía, incluyó además un compromiso del coronel Benjamín Núñez de colaborar con la investigación, no solo contra los uniformados que se encuentran privados de la libertad, sino de hechos anteriores a la masacre de los tres jóvenes, que podría dejar nuevas imputaciones.
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