El juzgado 22 de ejecución de penas de Bogotá otorgó la libertad condicional al excongresista Álvaro García Romero, condenado en febrero de 2010 por su responsabilidad en la masacre de Macayepo, ejecutada por grupos paramilitares el 14 de octubre del 2000.
García Romero, conocido como ‘el Gordo’, fue sentenciado a 40 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio múltiple, homicidio simple en calidad de determinador y desplazamiento forzado. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo condenó por su participación en la masacre paramilitar de Macayepo, Bolívar, donde 15 campesinos fueron asesinados.
El exsenador pidió su libertad argumentando que ya había cumplido las tres quintas partes de su sentencia, además de demostrar buena conducta durante su tiempo en prisión y problemas de salud que lo aquejan.
En febrero de 2010, García Romero fue sentenciado por haber concertado la masacre de Macayepo, ocurrida el 14 de octubre de 2000, cuando el grupo paramilitar Héroes Montes de María, comandado por Rodrigo Mercado Pelufo “Cadena”, llegó hasta Macayepo y asesinó a 15 campesinos. Según la investigación, García Romero fue el financiador del grupo paramilitar.
La prueba principal provino de una publicación de la Revista Semana, que mencionó una grabación entre García y el prestamista de la región, Joaquín García. En la grabación, este último dijo que conseguiría el apoyo del Gobernador de Sucre para movilizar a un grupo armado en las localidades de El Aguacate y Pajonalito. En la misma grabación, se mencionó que el hecho ocurriría en diez días, fecha en la cual se ejecutó la masacre en Macayepo.
La Corte Suprema de Justicia mantiene otra investigación en contra del exsenador por el desplazamiento forzado que causó en los pobladores de la región de Sucre. Esta investigación retornó al alto tribunal luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazara su sometimiento.
Este caso ha generado una fuerte reacción en la opinión pública, con múltiples llamados a revisar las condiciones de su libertad condicional y la necesidad de asegurar que se haga justicia para las víctimas de la masacre de Macayepo.
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