Con medida de aseguramiento en centro carcelario fueron cobijados un hombre y una mujer que presuntamente sometían a severos castigos a sus siete hijos, menores de edad, si estos no cumplían con cuotas variables de dinero, tras ponerlos a mendigar en las calles de Valledupar.
Según la investigación, les establecían cuotas de dinero que cuando no las cumplían, presuntamente, eran castigados tanto física como verbalmente.
La Fiscalía logró establecer a través de la información suministrada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que, ante el incumplimiento de la cifra exigida por los padres, los menores eran sometidos a castigos tan severos que iban desde obligarlos a dormir de pies, hasta golpes con elementos contundentes como palos, cables y mangueras.
La Fiscalía les imputó a los padres de los niños cargos por los delitos de violencia intrafamiliar agravada y explotación de menores de edad.
“Según informe recibido, los menores eran utilizados por su padre biológico para explotación laboral infantil, al establecerles cuotas variables durante todos los días de la semana, las cuales si no cumplían, ejercía sobre ellos maltrato físico, verbal y psicológico, por lo cual les imponía castigos fuertes que iban desde dormir de pies, hasta golpes con elementos contundentes como palos, cables y mangueras, toda esta situación frente a los ojos indiferentes de su madre biológica”, reportaron las autoridades.
Los menores quedaron bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, para su cuidado y el restablecimiento de sus derechos.
“Ha sido un trabajo articulado con la Fiscalía, en este caso, desde Icbf obramos con toda la mesura pensando en la protección de los niños, por ello, una vez se surte el proceso de garantía de derechos de los cuatro menores con el equipo de Defensoría de Familia, se da la captura de estos padres”, señaló Gel director del ICBF en el Cesar, Gabriel Castilla Castillo.
Dijo que “se consideró desde la Defensoría de Familia de ICBF que era sumamente necesario avanzar en la protección de los menores, mientras eran emitidas las órdenes de captura por parte de la autoridad; una vez conocimos el caso, se designó el equipo de Defensoría de Familia para realizar valoraciones iniciales y se abrieron los Procesos Administrativos de Restablecimientos de Derechos en favor de los niños que fueron ubicados en instituciones de protección”.
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