A través de una acción de tutela, la Defensoría del Pueblo logró que el Juzgado Primero Civil del Circuito Escritural de Lorica, Córdoba, ordenara el nombramiento de un director en la cárcel La Amarilla del municipio de Lorica.
El Lugar tiene más de 6 meses sin un representante que lidere los procesos al interior del establecimiento que enfrenta una verdadera crisis.
“Un juzgado ordenó a la Gobernación de Córdoba y a las alcaldías de Lorica, Cotorra, Momil, Purísima, Chimá, San Antero, Moñitos y San Bernardo del Viento que en 48 horas tramiten el nombramiento del director de la cárcel La Amarilla, Lorica”, se estableció por parte de la Defensoría del Pueblo.
Entre las disposiciones del juzgado, también se ordenó que las personas privadas de la libertad reciban alimentación de manera adecuada y permanente.
“En el seguimiento, habíamos evidenciado que en La Amarilla no se está suministrando alimentación a las personas privadas de la libertad y que por ello algunos familiares se ven obligados a hacerlo. La mayoría son personas de escasos recursos, de otros municipios o veredas”, agrega el organismo defensor de Derechos Humanos.
Sobre el nombramiento de un director para el penal, la Defensoría del Pueblo advierte que “esta es una obligación de los entes territoriales que tienen un convenio de aportar los recursos para la administración del lugar y para el sostenimiento de La Amarilla”.
Finalmente, desde este mismo organismo se indicó que ante la falta de acciones por parte de los entes territoriales competentes, se acudió a la acción judicial para garantizar los derechos de los reclusos, pues existe una clara vulneración de los mismos.
“Un caso similar se presentó hace unos meses con las estaciones de Policía de Berástegui, San Pelayo y Cereté. Ante la acción de tutela que instauramos, un juzgado ordenó a alcaldías de Cereté, San Pelayo y Ciénaga de Oro suministrar alimentación a los privados de la libertad”, anotó la Defensoría del Pueblo.
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