Estos hallazgos podrían corresponder a habitantes de Córdoba, Chocó y Antioquia, desaparecidos entre 2007 y 2016.
Un equipo forense conformado por 14 profesionales de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses exhumaron 16 cuerpos que estaban en bóvedas del Cementerio Religioso Municipal de Apartadó.
La intervención forense en este cementerio, realizada entre el 10 y el 14 de junio de 2024, fue ordenada por la magistrada Nadiezhda Henríquez de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP.
En terreno, la magistratura contrastó los aportes a la verdad de los comparecientes, las piezas procesales y la documentación médico-forense recabada en el marco de la investigación del Caso 04, que priorizó la situación territorial de la región de Urabá.
La evidencia indica que en este lugar están inhumados cuerpos de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.
Simultáneamente, la UBPD adelantaba una investigación humanitaria para practicar una intervención forense en el cementerio, mientras que Medicina Legal contaba con documentación medicolegal sobre cuerpos no identificados inhumados en este lugar.
Es decir, el procedimiento forense ordenado por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP respondió a la abundante información recolectada por las tres instituciones y a la necesidad de trabajar conjuntamente para dar una respuesta articulada y pronta a las familias buscadoras.
Antes de la intervención, profesionales contrastaron la información recolectada en sus respectivas indagaciones para concertar el alcance del procedimiento. A partir de esto, decidieron intervenir las bóvedas del pabellón Ángel de Mi Guarda 1.
Asimismo, ajustaron las metodologías y la documentación institucional para estudiar los hallazgos forenses y los cuerpos recuperados con el objetivo de establecer conjuntamente su identidad plena.
En ese procedimiento de alistamiento, además, los expertos de estas instituciones concluyeron que algunos de los cuerpos recuperados ya estaban plenamente identificados, pero nunca fueron reclamados por sus familias debido a que no tuvieron conocimiento de la suerte de sus seres queridos o nunca se acercaron a las autoridades por el temor que sentían en el contexto del conflicto armado. Así mismo, a partir de documentación médico-forense y de sus respectivos procesos investigativos, establecieron hipótesis sobre la identidad de otros cuerpos.
Como resultado de la diligencia, los equipos forenses pudieron establecer que 14 de los 16 cuerpos exhumados tenían expediente médico-legal en el Instituto Nacional de Medicina Legal. Por esta razón, a estos se les aplicó una metodología que se conoce como Verificación de correspondencia de información post mortem in situ. El método consiste en contrastar los cuerpos exhumados y hallazgos forenses con protocolos de necropsias practicadas en el momento de la muerte.
En total, los forenses lograron orientar la identidad de nueve personas. Es la primera vez que estas tres instituciones aplican en conjunto esta metodología, la cual puede agilizar la identificación de los cuerpos, así como la entrega digna a sus familiares.
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