El senador Antonio Correa ha generado controversia al proponer una reforma radical en el servicio de alumbrado público en la Región Caribe de Colombia, argumentando que es necesario acabar con los abusos y monopolios que han convertido este servicio en un lucrativo negocio a expensas de los ciudadanos.
En su reciente columna de opinión, el senador destacó que el servicio de alumbrado público, post Constitución de 1991, se ha convertido en un campo fértil para los monopolios que operan con escasa transparencia y eficiencia. Ejemplificó casos como el de Cartagena, donde EPM ESP administra el servicio con tarifas que van desde $1.158 para el estrato 2 hasta $9.338 para el estrato 6, y señaló que tras el próximo cambio administrativo en julio de 2024, la incertidumbre sobre la continuidad del servicio prevalece.
Además, Correa criticó el caso de Sincelejo, donde las quejas por un servicio deficiente han aumentado exponencialmente, llegando casi a 5.000 en 2023, con tarifas que van desde $2.500 hasta $39.200 dependiendo del estrato. En Riohacha, la situación es igualmente controvertida, con un contrato de concesión extendido por 9 años bajo el pretexto de modernización, beneficiando al contratista con la eliminación de obligaciones adicionales.
En Montería, el senador destacó que a pesar de los múltiples ajustes contractuales, la tarifa de alumbrado público sigue siendo la más alta en la región, representando un 15% adicional sobre el valor de la energía facturada para todos los estratos.
Ante estos abusos, el senador Correa anunció que presentará un proyecto de ley para reformar el sistema de concesiones de alumbrado público, exigiendo interventorías independientes y regulación de tarifas basadas en la efectiva prestación del servicio. Su propuesta busca poner fin a los monopolios y garantizar que los ciudadanos paguen solo por un servicio de calidad, sin tarifas injustificadas ni zonas en penumbra.
Esta iniciativa legislativa promete generar un intenso debate entre defensores de la regulación e intereses económicos establecidos, anticipando un camino difícil pero necesario para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Caribe colombiano.
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