La sentencia ordena a Urbaser, operadora del relleno, iniciar de inmediato los trámites para el cierre, siguiendo los planes de clausura y post-clausura.
El Tribunal Administrativo de Córdoba ordenó el cierre definitivo del Relleno Sanitario Loma Grande, ubicado en Montería, debido a lo que consideró graves problemas ambientales e incumplimiento de la licencia ambiental.
La decisión, emitida el 12 de julio de 2024, responde a una acción popular interpuesta por el Cabildo Indígena Jaraguay y otros residentes de la zona, quienes denunciaron la contaminación de fuentes hídricas por el vertimiento de lixiviados.
La sentencia ordena a Urbaser, operadora del relleno, iniciar de inmediato los trámites para el cierre, siguiendo los planes de clausura y post-clausura establecidos en las resoluciones vigentes. Esta medida, según reza el auto, busca detener la contaminación ambiental que afecta a la vereda Loma Grande y áreas circundantes.
Durante el proceso de cierre, Urbaser deberá cumplir con las obligaciones de su licencia ambiental, incluyendo la instalación y operación de una planta de tratamiento tipo PTAR para manejar los lixiviados. Además, se le exige implementar acciones urgentes para mitigar los efectos del vertimiento de lixiviados en cuerpos de agua no autorizados.
El fallo también involucra al municipio de Montería, ordenándole retomar y revisar los planes de cierre del antiguo botadero “El Purgatorio”, ubicado en la misma zona. Asimismo, se le instruye hacer valer el derecho de reversión sobre el terreno del Relleno Sanitario Loma Grande, para garantizar su futura recuperación ambiental.
Para asegurar la restauración del área afectada, el Tribunal ordenó al municipio de Montería y a Urbaser formular y financiar, en un plazo de dos meses, un plan de acción para recuperar el Caño el Purgatorio y otros cuerpos de agua impactados por los lixiviados. Este plan deberá ser aprobado y supervisado por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS).
La decisión judicial establece la creación de un comité de verificación integrado por diversas entidades, incluyendo la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la CVS, la ANLA, el Municipio de Montería y Urbaser SA ESP, para dar seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas.
El Tribunal ordenó a los municipios afectados no interrumpir la prestación del servicio de aseo, sugiriendo el uso de otros rellenos sanitarios habilitados en la zona.
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