En un pronunciamiento público, Lina María Garrido lanzó una dura acusación contra el presidente Gustavo Petro, señalando que su gobierno habría firmado más de 500 mil contratos de prestación de servicios por un valor cercano a 33 billones de pesos, además de más de 6 mil contratos en plena vigencia de la Ley de Garantías.
Según Garrido, estas prácticas constituirían una presión política sobre los beneficiarios y equivaldrían a una compra masiva de votos en plena campaña electoral. “Se trata de la compra de votos más grande en la historia de Colombia”, afirmó.
La denuncia generó eco en medios y redes sociales, intensificando la tensión política en la recta final de las elecciones. Sin embargo, hasta el momento no existe un fallo judicial que confirme estas acusaciones contra Petro o su gobierno.
El caso abre un nuevo capítulo en el debate sobre el uso de recursos públicos en tiempos electorales, mientras sectores políticos y ciudadanos exigen claridad sobre los señalamientos.
