Un juez de segunda instancia en Medellín revocó este 30 de octubre la detención domiciliaria de Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero, y ordenó su encarcelamiento preventivo mientras avanza el proceso por el presunto direccionamiento irregular de contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).
La decisión la tomó el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín al resolver las apelaciones de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y los representantes de víctimas contra el fallo del 2 de octubre del juez 27 de control de garantías, que había dispuesto que Quintero cumpliera la medida en su residencia.
Según el documento del despacho, se revocó de forma parcial esa decisión “exclusivamente en cuanto dispuso que la medida de aseguramiento privativa de la libertad (…) se cumpliera en su lugar de residencia” y, en su lugar, se impuso “detención preventiva en establecimiento de reclusión”. El togado ordenó liberar la boleta de encarcelación ante el Inpec para hacer efectiva la captura.
Quintero Calle, exconcejal de Medellín, fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La Fiscalía lo señala como pieza clave en seis contratos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí (2020-2021), con un valor conjunto cercano a 17.657–18.656 millones de pesos, en los que se habría causado un detrimento patrimonial superior a 2.481 millones.
El ente acusador sostiene que el investigado no tenía cargo ni contrato con el AMVA y que habría actuado mediante comunicaciones y terceros, presuntamente cobrando coimas cercanas al 15 % del valor de cada contrato. En la apelación, la fiscalía argumentó que la casa por cárcel “restringe únicamente la libertad de locomoción y deja intactos los medios con los que se materializó la conducta”, porque el riesgo no dependía de desplazarse, sino de con quién podía comunicarse y a través de quién actuar.
En primera instancia, el juez de garantías había considerado acreditada, en grado de inferencia razonable, la posible comisión de los delitos y había comparado la ganancia desmedida en la contratación pública con una “alarma” para la sociedad. Tras esa decisión, Fiscalía, Procuraduría y víctimas apelaron para pedir reclusión en cárcel.
En el mismo proceso también figuran otros vinculados, entre ellos Sebastián Ortega Urán, a quien el juzgado de segunda instancia mantuvo medidas no privativas de la libertad, con restricciones para participar en contratación pública y comunicarse con involucrados. La medida contra Miguel Quintero es preventiva y no constituye condena; el proceso continúa en la justicia de Medellín.
