Martha Ruiz Solera alza su voz por las familias rurales ante los riesgos de las APPA
La representante a la Cámara Martha Ruiz Solera alza su voz en defensa de las familias rurales de Córdoba y Colombia ante los riesgos que traería la implementación de la norma que legaliza las APPA, una figura que fija determinaciones sobre el uso del suelo rural y que preocupa a municipios, propietarios de tierras, campesinos, hombres y mujeres rurales, sobre todo a los pequeños productores.
La preocupación de la representante a la Cámara no es nueva: desde la Resolución 000242 de 2025, que identificó las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos en 21 municipios de Córdoba, hasta la declaratoria oficial realizada en abril de 2026 en Tierralta —que consolidó 667.034 hectáreas como Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA)—, la congresista ha hecho seguimiento a los efectos de esta figura sobre el territorio cordobés.
Para la congresista las APPA, tal como están planteadas, generan riesgos e incertidumbre para miles de familias que dependen de las actividades productivas del campo, particularmente en territorios donde la ganadería es una de las principales fuentes de sustento, como ocurre en Córdoba, departamento que ella representa.
Durante la sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, prevista para mañana martes 8 de septiembre, Ruiz Solera respaldará el Proyecto de Ley 075 de 2026, iniciativa orientada a frenar los efectos de esta normativa y a defender la autonomía territorial frente a las decisiones sobre el uso del suelo rural.
En Córdoba fue delimitada en un área superior a 667 mil hectáreas, repartida en 17 municipios, con lo cual se convirtió en la zona APPA más extensa del país. Para la representante, este panorama exige que cualquier decisión sobre el territorio tenga en cuenta las condiciones económicas, sociales y productivas de las comunidades que habitan y trabajan en estas zonas y por supuesto que se articule con las autoridades locales, corporaciones y el campesino productor.
“Proteger la producción de alimentos es fundamental, pero no podemos hacerlo poniendo en riesgo el sustento de quienes históricamente han trabajado la tierra y han construido la economía rural”, señaló Martha Ruiz Solera.
La preocupación de la congresista crece al considerar que una parte significativa de esta actividad está en manos de pequeños ganaderos.
Según el análisis presentado por Ruiz Solera, 7 de cada 10 familias ganaderas de Córdoba son pequeños productores, que dependen de sus fincas y de unas pocas cabezas de ganado o búfalos para sostener los ingresos de sus hogares.
Para la representante, toda regulación sobre el uso del suelo debe reconocer esta realidad y evitar que pequeños propietarios y campesinos terminen siendo los más afectados por decisiones que limiten las actividades que desarrollan en sus tierras.
“No estamos hablando únicamente de grandes hacendados. Estamos hablando de campesinos, familias, mujeres rurales que tienen unas pocas vacas, pequeños productores que viven de la tierra y que no pueden quedar en la incertidumbre sobre el futuro de su tierra”, explicó la representante.
Ruiz Solera agregó que debe respetarse la autonomía territorial y las realidades de cada región, pues aunque la norma fue aprobada por el Gobierno, ni siquiera se tuvieron en cuenta los planes o esquemas de Ordenamiento municipales ni a los Concejos como corporación. “Fue una norma impuesta que pone en riesgo la economía de miles de familias”, señaló.
