La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pidió respaldo a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) frente a dos iniciativas que, según su presidente, Alejandro Ramelli, podrían afectar la independencia y el funcionamiento del tribunal.
Una de las propuestas, impulsada por el senador Enrique Gómez, plantea trasladar $100.000 millones de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura. Ramelli señaló que el recorte representaría el 62 % de los recursos destinados a bienes y servicios y se sumaría a una desfinanciación acumulada de $84.663 millones.
De acuerdo con el magistrado, esta situación podría comprometer la protección de víctimas, testigos y funcionarios de la Jurisdicción.
La segunda iniciativa busca que la Justicia Penal Militar revise de manera automática las sentencias de la JEP contra integrantes de la Fuerza Pública. Ramelli sostiene que esta modificación cambiaría el modelo de justicia establecido en el Acuerdo de Paz y permitiría que otra jurisdicción intervenga en las decisiones del tribunal.
Ante estas propuestas, el presidente de la JEP solicitó a la Fiscalía de la CPI analizar sus posibles implicaciones frente al Acuerdo de Cooperación suscrito con Colombia en 2021 y fortalecer el diálogo con el Gobierno y la Jurisdicción.
